El primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, considera que hay que retrasar lo máximo que se pueda el contacto de la población con plataformas como X, Instagram y TikTok. Malinauskas expresó en un comunicado oficial: “la evidencia muestra que el acceso temprano a redes sociales adictivas está causando daño a nuestros niños. Esto no es diferente a los cigarrillos o el alcohol. Cuando un producto o servicio lastima a los niños, los gobiernos deben actuar”.

Australia está debatiendo un plan para prohibir el acceso de los chicos menores de 16 años a las redes sociales y plataformas de videojuegos. Según el primer ministro Anthony Albanese, el Gobierno presentará una legislación antes de las próximas elecciones para abordar la creciente preocupación por los efectos de las redes sociales en los adolescentes.

“Sabemos que la tecnología avanza rápido. Ningún Gobierno puede proteger a cada niño de cada amenaza, pero debemos hacer todo lo posible. Los padres están muy preocupados. Sabemos que están trabajando sin un mapa: ninguna generación ha enfrentado este desafío antes”, afirmó Albanese.

La gobernadora del Estado de Victoria, Jacinta Allen, también se sumó al movimiento al reconocer las dificultades que enfrentan los padres para controlar el contenido al que acceden sus hijos. “Es como un tsunami de redes sociales. Los padres sienten que no pueden detenerlo”, expresó Allen. La dirigente apuntó a las grandes empresas tecnológicas como responsables y afirmó que deben ser las que rindan cuentas.

Aunque la idea de restringir el acceso a redes sociales parece tener apoyo entre varios sectores del Gobierno australiano, quedan dudas sobre cómo se implementará efectivamente. Las restricciones ya se intentaron en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y las experiencias demostraron que los métodos de verificación de edad pueden resultar vulnerados o chocar contra las reglas de protección de la privacidad. 

La discusión sobre cómo proteger a los jóvenes de los riesgos asociados con el uso excesivo de las redes sociales sigue abierta, pero los gobernantes australianos parecen decididos a tomar medidas concretas en los próximos meses.

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